En el 3er y 4to piso de la sede central CORTE DE JUNÍN HABILITA AMBIENTES SALAS PENALES Y LABORALES

En ceremonia programada para el viernes 21 de Noviembre a horas 10:45 am. en el  tercer piso de la sede judicial, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín Dr. Esmelin Chaparro Guerra, pondrá en funcionamiento los ambientes destinados para las Salas Penales y laborales, así como oficinas jurisdiccionales totalmente refaccionadas del tercer y cuarto piso de la sede central. 

Se trata de ambientes remodelados acorde al Nuevo Código Procesal Penal, de acuerdo a la Directiva N°001-2013/PJ. “Lineamientos  para estandarización de la infraestructura en los locales institucionales  del Poder Judicial”.

La máxima autoridad judicial de Junín, refirió que  en el Tercer Piso; el diseño técnico profesional de distribución presenta ambientes para el 1er, 2do, 4to, 5to y 6to  juzgado penal, así como para el Juzgado de Investigación Preparatoria (JIP), los mismos que cuentan con  despacho para cada Juez, cuatro salas de audiencia con sus respectivas salas de debate, ambientes para testigos y peritos, ambiente para auxiliares jurisdiccionales con vistas a una labor corporativa, de igual forma cuenta con una videoteca debidamente equipada y los servicios higiénicos para damas, caballeros y discapacitados, cumpliéndose con la política de modernización de los despachos judiciales para mejora de la celeridad y atención a los justiciables.

Asimismo, en el Cuarto Piso, se encuentran ubicadas la Primera Sala Penal de Huancayo, y la Sala Penal Liquidadora y de Apelaciones; como también la Primera y Segunda Sala Mixta de Huancayo, contando con despachos para cada Juez Superior, y con ambientes para los auxiliares jurisdiccionales, además de tres salas de audiencias, con salas de espera y espacios de tránsito para el público usuario.

Contamos con ambientes modernos, equipados con mobiliarios, equipos de cómputo y de grabación, de última generación que permite un mejor desarrollo de las actividades jurisdiccionales reflejadas en una mejor atención a los litigantes”, refirió el Dr. Esmelin Chaparro Guerra, tras indicar que los trabajos de remodelación se ejecutaron con un presupuesto de 2 millones 383 mil 662 .48 nuevos soles, financiados por el Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas de Justicia (PMSJ) del Banco Mundial.

VRAEM: ataque a la base militar en Kepashiato y la narcoguerra.

El día martes, a las 2.30 am, una columna del clan Quispe Palomino ataco a una base militar en kepashiato, ubicado en el kilómetro progresivo  (KP) 150, que dejo un soldado herido. Según el comunicado del Comando Conjunto, esta base daba “seguridad” al mantenimiento del gaseoducto de Camisea. ¿Qué significa este segundo ataque a los militares, en menos de dos meses?

Una primera lectura es que la organización armada de “José” está golpeando objetivos policiales y militares, en circunstancias que la inteligencia ha perdido la eficacia que tuvo entre fines de 2012 y el año 2013. Y, por otro lado, que se trata del segundo ataque a una base militar post caída de Alipio y Gabriel. El anterior ocurrió a fines del mes de febrero del año pasado y tuvo como saldo un militar caído.

Pero,  esas constataciones  no nos dan una lectura de conjunto de lo que está ocurriendo dentro y fuera del VRAEM. ¿Qué significa que, luego del más durísimo golpe que ha recibido el clan Quispe Palomino, haya retomado la iniciativa? La respuesta es la siguiente: lo que se está viviendo en el VRAEM, es decir en la franja ayacuchana, la parte de Junín y del Cusco, es una narcoguerra por el control de la cocaína que produce el VRAEM.

No es, como muchos creen, la continuación de la “guerra popular (¿democrática?)” que SL inicio el 17 de mayo de 1980. Esa guerra termino a fines de 1992 y, sus estertores llegaron hasta mediados de 1999. Ahí se acabó esa guerra. La guerra o narcoguerra actual empezó –grávense en la mente-  el 5 de diciembre de 2005, cuando una columna del clan Quispe Palomino embosco a un convoy policial, dejando como saldo 5 policías muertos.

Mientras no se acepte la naturaleza del nuevo conflicto armado seguirán los ataques a policías y bases militares, no a las empresas, ubicados –esto es una vergüenza- en los campamentos de las empresas del consorcio Camisea. No dejemos que sigan muriendo e hiriendo a más soldados aplicando una estrategia militar antiterrorista, donde no hay terroristas. No fuercen sus ojos para ver “terroristas” o “senderistas”, donde hoy solo hay narcotraficantes.

Invoco a cambiar la estrategia militar antiterrorista actual por una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, el principal enemigo del Estado, la seguridad y el desarrollo nacional. Señor Ollanta Humala haga ese cambio  en memoria de los más de 70 soldados muertos desde el mes de junio de 2008 hasta la actualidad. También, por los más de 65 policías asesinados en emboscadas en ese mismo periodo. Y, un poco más de 30 víctimas civiles que son el daño “colateral” de esta nueva guerra. De hacer ese cambio, habrá más víctimas.

¿Por qué? Porque quien ha emboscado o atacado las últimas tres veces es una estructura armada del narcotráfico. Además, de las múltiples emboscadas a policías y patrullas militares del periodo 2005-2012. No seamos insensibles. No prosigan con una estrategia que no ha dado resultados. Lo que hay que rescatar de lo que se ha hecho es el trabajo de inteligencia del 2012 y 2013, articulándolo a una estrategia integral de combate contra el narcotráfico.

Y, a quienes creían que el “Manual del combatiente del heroico y militarizado Partido Comunista del Perú”, implicaría que la organización liderada por “José” regresaba a las “viejas prácticas” que caracterizo a SL (aniquilamiento selectivo y sabotaje), se equivocaron. El mentís a eso ocurrió a los pocos días que salió ese “manual”: un grupo de hombres del clan Quispe Palomino ataco y se enfrentó con militares, por una narcoavioneta que había sido intervenida por la policía en Llochegua. 

No sigamos por un camino equivocado. La experiencia ha demostrado que el problema principal actual del Perú es el narcotráfico, no el terrorismo inexistente y metafísico de las FFAA.   ( Jaime Antezana Rivera )

Organizado por la OCMA JUECES Y TRABAJADORES DE LA CORTE DE JUNÍN PARTICIPARON EN TALLER PREVENTIVO

Como parte de la Visita Judicial Ordinaria a la Corte Superior de Justicia de Junín, la oficina de Control de la Magistratura (OCMA) organizó el Taller de Capacitación y Control Preventivo, denominado “Inteligencia Emocional para el éxito personal”, dirigido a magistrados  y trabajadores en general.

La exposición estuvo a cargo del Dr. José Edilberto Ardiles Bellido, Psicólogo organizacional y docente de la Academia de la Magistratura, quien no dudo en interactuar con los asistentes, enseñándoles a manejar sus emociones.

Durante su exposición, sostuvo que la inteligencia emocional permite reconocer los estados de ánimo de las personas, lo que ayuda a enfrentarse de manera adecuada y adaptiva a situaciones difíciles.

En dicho Taller se contó con la presencia del Dr. Luis Torres Garay, Representante de los abogados del Perú ante la OCMA, quién por encargo de la Dra. Marcela  Arriola Espino, Jefa de la Unidad de Visitas y Prevención de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, dio las palabras de inauguración.

Mientras tanto, el Dr. Esmelin Chaparro Guerra, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, tras felicitar públicamente al expositor por el desarrollo del tema, indicó que es necesario este tipo de eventos para un correcto desarrollo de las relaciones sociales.

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Los magistrados y el personal jurisdiccional que asistieron al evento mostraron su satisfacción por el Taller de Capacitación y Control Preventivo, “Inteligencia Emocional para el éxito personal” y esperan que en una próxima oportunidad se programe cursos de esta naturaleza.

Durante dos días de visita OCMA RECEPCIONÓ MÁS DE 100 QUEJAS

Durante los días de permanencia en la Corte de Junín, la Dra. Marcela Arriola Espino, jefa de la Unidad de Visitas y Prevención (UVP) de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), realizó visitas de asistencia, permanencia y puntualidad en  los diferentes órganos jurisdiccionales de la sede central, Salas Mixtas, Salas Penales, Juzgado, Módulo de la Nueva ley Procesal del Trabajo, Juzgados Civiles, Juzgados de Chupaca y el establecimiento Penitenciario de Huancayo.

Asimismo, en el primer piso de la sede judicial se instaló la mesa de atención de quejas verbales, donde los representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA atendieron más de 100 quejas verbales, referidos a en su mayoría por retardo en los procesos, temas de familia, alimentos y otros que fueron solucionados en el día.

La Jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, refirió que el ciudadano cuenta con diversas formas de dar a conocer algún acto irregular que se podría producir contra jueces y personal jurisdiccional como la línea gratuita 0880012121, a través de la página web de la OCMA, así como visitando la ODECMA instalada en cada Distrito Judicial; a través de éstas herramientas nos ayudan a evaluar el comportamiento de los  señores magistrados, dijo.

Indico demás, que los justiciables que no están de acuerdo con la decisión del Juez, deberán apelar a la instancia siguiente, a través de sus abogados; en este caso la OCMA no resuelve tal situación. El rol de la OCMA es evaluar el comportamiento de los deberes de los jueces, como: no programar las audiencias, demoras en los procesos, se parcializa en sus decisiones, no está en el despacho, etc.

El Dr. Esmelin Chaparro Guerra, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, saludó la presencia el equipo de trabajo de la OCMA, encabezada por la Dra. Marcela Arriola Espino, jefa de la Unidad de Visitas  de la OCMA, al Distrito Judicial y brindó las máximas facilidades para la labor que desempeñaron los integrantes del equipo de investigaciones.

Asimismo, dio a conocer que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), también cumple su rol en el Distrito judicial de Junín, es así que durante el año se realizaron 149 sanciones, de dicha cifra 102 culminaron en amonestación y 47 fueron multados, entre magistrados y personal jurisdiccional.

Ayacucho: inician distribución de 1,772 módulos escolares para nueve colegios de Huamanga

Un lote de mil 772 carpetas escolares fueron entregados hoy para igual número de alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria y módulos para profesores en la provincia de Huamanga por el programa Compras a MYPErú de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

La toda la región Ayacucho serán distribuidas 14 mil 946 módulos escolares, los cuales serán recepcionados por 289 comités (autoridades educativas, políticas y padres de familia) que representan a 284 instituciones educativas de los niveles inicial, primario y secundario.

El Núcleo Ejecutor de Distribución Descentralizado Zona - Sur de carpetas del programa Compras a MYPErú tiene la misión de entregar en las regiones Ayacucho, Apurímac y Huancavelica un total de 53 mil 418 módulos escolares, los mismos que beneficiarán a 51,372 escolares, además de 2 mil 046 profesores.

Los módulos escolares serán entregados a los comités de recepción para 1,006 instituciones educativas de las tres regiones, según requerimiento y características técnicas establecidas por el Ministerio de Educación (MINEDU).

A nivel nacional

En total de 106 mil 880 carpetas y pupitres serán entregadas a 2 mil 156 colegios de ocho regiones del Perú (Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco,  Junín, Lambayeque, Pasco y  Ucayali) para el uso de 112 mil 316 alumnos y 3 mil 831 profesores, en el marco del programa Compras a MYPErú de Foncodes.

Los módulos escolares, consistente en mesas y sillas, y pupitres, fueron producidos  452 mypes, entre ellas figuran 20 de la etnia shipibo-conibo de la región Ucayali, las cuales por primera vez se integran a las compras estatales en el marco de la policía de inclusión productiva y social.

En la producción de carpetas, a cargo de las mypes, participaron tres sectores: el  Ministerio de Educación (MINEDU), planteó la demanda de los módulos escolares a nivel nacional; el Ministerio de la Producción (PRODUCE), elaboró los expedientes técnicos; y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través de Foncodes y los Núcleos Ejecutores, que supervisa y ejecutan la elaboración y distribución de las carpetas.

Aumenta persecución contra defensores de derechos humanos que luchan contra minería

Durante todo el mes de febrero de este año, la organización Front Line Defenders visitó las regiones de Cajamarca y Cusco, en Perú, para conocer la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan en defensa del medio ambiente.

La grave constatación fue que esas personas están en riesgo constante. En informe publicado recientemente, la organización denuncia la persecución por parte de gobiernos y de la industria extractivista y hace recomendaciones al Gobierno de Perú para que se ajuste a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre del mundo, y el quinto productor mundial de oro. La implicación de esto es que cada vez más territorios y pueblos están siendo amenazados para dar espacio a la industria extractivista. En Cajamarca, las concesiones a empresas mineras realizadas por el gobierno se extienden al 42,5% del territorio y al 21% en Cusco. El mayor problema es que esas áreas "ofrecidas” a la industria minera están, en gran parte, habitadas por la población rural y comunidades campesinas de origen indígena. Al comienzo de la década de 1990, la industria extractivista comenzó a ganar espacio en Perú y viene consiguiendo cada vez más.

El costo de esa expansión fue y es alto para la población, sobre todo la rural, de Cajamarca y Cusco. Aún con la existencia de leyes y acuerdos internacionales, las comunidades no son consultadas sobre los proyectos mineros, hay irregularidades en el proceso de apropiación de las tierras comunitarias por parte del Estado, y además, la fauna, la flora, la salud y el modo de vida de las comunidades locales vienen siendo fuertemente perjudicados. A pesar de la riqueza generada en Cajamarca en los últimos 20 años, el 51,9% de la población de la región vive en situación de pobreza.

A partir de esta realidad, hombres y mujeres decidieron unirse en defensa de su territorio y del medio ambiente, lo que generó disgusto tanto por parte de los gobiernos locales como de las industrias extractivistas. En el informe se destaca que defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales conviven, cotidianamente, con intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y procesos judiciales.

Actualmente, cerca de 400 personas, sobre todo líderes comunitarios enfrentan procesos judiciales interpuestos por empresas mineras, su personal o por el Ministerio Público. Las acusaciones son por actos de rebelión, terrorismo, violencia, usurpación, violación de propiedad, obstrucción de vía pública, desobediencia, entre otros. Algunos activistas, como por ejemplo Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendín, enfrenta 50 procesos penales, pero no fue condenado en ninguno. Los procesos son considerados falsos y, de acuerdo con los activistas, buscan intimidar y debilitar la lucha por los derechos, además de servir para manchar la reputación de las organizaciones y defensores en los medios de comunicación.

Varias personas entrevistadas confesaron el miedo que sienten por vivir constantemente amenazadas y perseguidas; y el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar una nueva notificación judicial.

Pero la ofensiva no es sólo en la esfera judicial. En septiembre de 2010, el entonces presidente peruano, Alan García, promulgó un decreto legislativo permitiendo el uso de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública, inclusive en protestas y manifestaciones. Más recientemente, en enero de este año, fue promulgada una ley que concede a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional exención completa de toda responsabilidad penal en el caso de muertes o lesiones durante el cumplimiento de su trabajo. La percepción de los defensores de derechos humanos entrevistados es que con la aplicación de la ley y la consecuente garantía de impunidad, la violencia durante los protestas se intensificó.

"Defensores y Defensoras del medio ambiente en riesgo en Perú”, informe completo:www.frontlinedefenders.org/files/fld_informe_peru_esp_final.pdf

Vea el video que acompaña al informe:


Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

PERÚ: POLICÍAS AL SERVICIO DE LOS GRANDES CAPITALES‏

Nuestros esmerados efectivos policiales poniéndose al servicio de los grandes capitales por un plato de lentejas ...estos son nuestros gloriosos efectivos de la POLICIA NACIONAL ...almorzando el día de huelga deSutragrisa Sindicato Unico Ripley Peru en las instalaciones del comedor de Ripley San Isidro que vergüenza!!! y esto es siempre en todas las huelgas ...gracias a quien nos hizo llegar estas imágenes.